Nuestra área de practica constitucional cuenta con especialistas en la elaboración de agendas legislativas, redacción de iniciativas de ley y su reforma, dictámenes legislativos, estudios y planeación legislativa, en las áreas de competencia estatal y federal. Contamos con más de 10 años de experiencia litigiosa en materia de medios de control constitucional, logrando resoluciones favorables a los intereses de nuestros representados y generando criterios judiciales a través de nuestras estrategias de defensa y técnica argumentativa en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Así mismo contamos con experiencia en la elaboración de reglamentos y asesoría legal a gobiernos municipales.

En esta materia ofrecemos servicios para la prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente, prevención de responsabilidades penales por negocios con entidades que facturan operaciones simuladas, así como por el uso indebido de datos personales en posesión de particulares, gestión de riesgos y gobernanza corporativa.

Nuestro estudio de abogados tiene una alianza estratégica con firmas especializadas en Derecho Energético lo que nos permite ofrecer servicios de consultoría y representación legal específica a las necesidades de nuestros clientes en la industria eléctrica y de hidrocarburos.

Nuestro despacho trabaja estrechamente con los notarios públicos de todo el Estado lo que nos permite brindar un servicio integral a nuestros clientes con nuestro equipo multidisciplinario.

Ofrecemos servicios de sustentación actualizada sobre la normativa laboral vigente, asesoramiento sobre su aplicación en situaciones concretas (seguridad e higiene, erradicación de violencia laboral).

Aportamos a su campaña un acompañamiento jurídico de experiencia en la prevención y resolución de conflictos que potencialmente afecten la viabilidad de una candidatura o sus resultados. Un buen acompañamiento jurídico, además de sostener el trabajo de la campaña y sus candidatos, impide que un resultado electoral se vea empañado por repercusiones legales que rebasan el propio periodo electoral, como pagar multas, enfrentar procesos administrativos sancionadores, de fiscalización, de responsabilidades de servidores públicos, o incluso hasta penales.